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La
moral mediática
en Venezuela
(O de cómo perder
lo que no se tiene)
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saladeprensa.org
78. Abril. Año VI. Vol. 3 2005
Nelson González Leal *
El
En el primer trimestre de 2003, el
semanario de análisis y opinión
política venezolano Temas (www.temasvenezuela.com)
convocó a varios periodistas,
historiadores e intelectuales nativos
para reflexionar por escrito sobre
“el quiebre (moral) de los medios
de comunicación en Venezuela”.
En la convocatoria enviada vía
correo electrónico tuvieron
cuidado de colocar la palabra moral
exactamente de esa manera, entre paréntesis,
como para advertir, en una clara toma
de posición, que la única
quiebra visible de estas empresas
del espectáculo mediático
es la que concierne al carácter
de honestidad que se vincula a su
deber de ser portavoces de la realidad
social. Sobre ese aspecto no estuve
–ni estoy– de acuerdo
y ahora explicaré por qué.
Un
sinsentido de la buena voluntad
Comienzo
con una observación: resulta
inconcebible una reflexión
sobre la quiebra moral de los medios
de comunicación social venezolanos,
porque estos nunca contaron con ese
capital, ni siquiera así, como
con pretendida mordacidad –o
gremial candor– lo colocaron
los editores de Temas, entre paréntesis.
Y no lo digo porque quiera dármelas
de erudito en la historia de los medios
nacionales, en los sabores y sinsabores
de sus parpadeos y coqueterías
políticas y económicas.
No, pues de igual manera puede inferirse
en las palabras del maestro Jesús
Sanoja Hernández, publicadas
hace ya 23 años en la revista
Respuesta (Nº 55–56), quien
al realizar un escrutinio sobre los
aportes del periodismo venezolano
a la democracia, indica: “…Yo
no podría decir, sin contrariar
mi voluntad histórica, que
la Cadena Capriles (…) haya
contribuido a la democracia representativa,
no obstante aparecer como una de sus
fórmulas de expresión.
Porque su campaña fue netamente
antidemocrática durante algunos
años, y no por anticomunista,
sino por haber exaltado los contravalores
más negativos que se manejaban
en la sociedad venezolana y que constituyen,
digamos, una rotunda negación
de los principios éticos periodísticos”.
La
realidad ética de los medios
de comunicación social venezolanos
(a quienes prefiero denominar con
una categoría mucho más
acorde con su naturaleza política,
económica y mercantil, que
es, al fin y al cabo la que los determina:
Medios de Entretenimiento Masivo –MEM–),
no puede ser más rotunda: sólo
responden a la lógica mercantil
que los sostiene como empresas generadoras
de capitales económicos. Por
esta causa resulta más pertinente
hablar de su probable fractura económica.
Intentar demostrar que existe una
debacle moral o ética en su
seno es, como se aprecia, un sinsentido.
La
moral mediática –que
no es ni siquiera la de sus hombres
y mujeres, los periodistas, sino la
de sus amos, los empresarios–
responde a criterios fundamentados
en las globalizadas determinaciones
de la administración política
utilitaria y economicista, lo que
ha hecho que por sobre la natural
y obvia responsabilidad social que
tiene un medio de comunicación
masiva (y social) prive la tarea de
acumular capital y, por tanto, la
discrecionalidad que bien pudiera
aceptársele a estos medios
en su carácter no discutible
de empresas privadas, se aplica en
términos del liberalismo económico
que, como ha dicho otro maestro del
género, el español José
María Desantes Guanter, establece
a la actividad informativa como potestad
especial de instancias privadas (en
la vertiente jurídica, estas
instancias pueden ser supraindividuales
o no), para “garantizar que
se ejecute de manera libre”.
En
pocas palabras, lo anterior quiere
decir que tanto el estudio del derecho
a la información como el establecimiento
de normativa respecto del mismo –y
por extensión, de todo el proceso
comunicacional– se aborda desde
la perspectiva mercantil de los MEM,
así como desde el interés
gremial de los profesionales de la
comunicación social, y aun
desde el interés privado del
público, pero no desde la real
perspectiva pública de la información
o del proceso comunicacional, que,
entre otras cosas, equivale al derecho
de la gente a estar informada con
certera objetividad y a participar
interactivamente del proceso comunicacional.
Cabe
entonces preguntarse: ¿no es
un sinsentido de la buena voluntad
pretender una reflexión sobre
un quiebre moral que no tiene posibilidades
de producirse, por cuanto toda moral
mediática se fundamenta en
las bases de una lógica liberal
globalizada y acomodaticia, que sólo
vela por el interés privado?
Además, el medio es el gremio
Exacto,
por otro lado el medio es el gremio;
lo que quiere decir que la jurisdicción
gremial sobre el desarrollo ético
de la profesión, y en consecuencia
sobre el proceso comunicacional, está
determinado por los intereses del
medio, o lo que es lo mismo, de sus
dueños.
Para
quien tenga dudas sobre esta premisa,
explico: el medio es el gremio porque
es quien controla y determina los
alcances profesionales del periodista,
es quien establece la medida del poder
de la profesión y quien ensalza
o subyuga la ética profesional,
de acuerdo a sus muy particulares
prioridades. Y, además, se
ha constituido en la única
fuente capaz de proveer, desde el
punto de vista de la práctica
profesional, elementos tan preciados
como el conocimiento, la eticidad,
la epistemología y –algo
bastante importante– la seguridad
de subsistencia.
En
términos anatómicos
el cuerpo mediático, bajo esta
premisa, quedaría estructurado
de la siguiente manera: el músculo
es el periodista, el hueso el personal
de soporte (prensistas, correctores,
editores, diseñadores, etc.)
y el cerebro el dueño del medio.
De seguro los periodistas se ofenderán
porque los ubico en el lugar de la
masa y no en el de la inteligencia,
pero en verdad esta apreciación
resulta menos cruda que la que hace
el periodista uruguayo Marcelo Jelen
al calificarlos de traficantes de
realidad y denunciar que muchos periodistas
y estudiantes de periodismo, asustados
por el poder mediático, por
su capacidad de absorber el fuero
gremial, pretenden restringir el ejercicio
de una libertad universal e inalienable
para resguardar su propio derecho
a un empleo seguro y bien remunerado,
no el del público a estar informado.
La consecuencia de esto es una pérdida
moral, ética y profesional
para toda la sociedad, y no sólo
para los periodistas a quienes la
autoridad mediática niega su
razón de ser, puesto que como
servidores públicos su lugar
es la sociedad y no el medio.
Una
libertad particularizada
Desde
esta perspectiva, desnaturalizada
por el pensamiento liberal al identificar
la moral y la ética –su
natural responsabilidad social–
con la defensa exclusiva de la propiedad
del medio, el análisis sobre
la aplicabilidad de las distintas
categorías de la libertad de
comunicación (libertad de prensa,
de expresión y de circulación
de la información) bajo la
óptica del derecho universal
puede establecerse en dos direcciones:
1.– En cuanto al uso del medio
por el medio mismo, y 2.– En
cuanto al uso del medio por el ciudadano
común. Por la primera vía
circula el dominio del medio sobre
el uso y sistematización de
la información, de acuerdo
a su política editorial y a
los criterios comunes de fehaciencia,
pluralidad y justicia. Por la segunda,
se mueve el derecho del ciudadano
a exponer, a través del medio,
sus criterios, opiniones o réplicas
a una información considerada
como dañina por no fehaciente,
tergiversada, etc. Ahora bien, como
derecho natural, la libertad de prensa
asiste a la propiedad más que
al uso, y he allí una de las
ventajas del medio. Naturalmente,
la libertad de prensa se aplica y
beneficia al medio mismo, en cuanto
es éste quien tiene la potestad
sobre la recolección, sistematización
y circulación del contenido
periodístico, materia con la
cual se nutre.
En
este sentido analicemos lo siguiente,
para ilustrar mejor el asunto: desde
la perspectiva de la asistencia a
la propiedad más que al uso
es que se emplea la categoría
libertad de prensa en los discursos
de los dueños de medios y de
muchos de los periodistas que se encuentran
insertos en el sistema mediático.
Cuando éstos reclaman los ataques
contra la libertad de prensa, suelen
referirse a violaciones del derecho
a la libre expresión, o bien,
elaboran una arenga con tendencia
a exigir la libertad absoluta sobre
el derecho a expresar sus ideas y
determinaciones, al momento en que
alguien, sea el Estado o la sociedad
misma, les advierte sobre abusos o
posibles daños a terceros en
el alcance de sus consecuencias.
Bajo
estas demandas se disfraza otra realidad:
los medios imprimen, editan, publican
o trasmiten aquello que resulta conveniente
a sus intereses sociopolíticos
y económicos, y esta es la
libertad de prensa que ellos defienden,
la de coartar la libertad de expresión
cuando les resulte necesario. He aquí
la imposibilidad de reflexionar sobre
un quiebre que no puede darse, el
de una moral que no existe, que nada
significa, que mueve a risa.
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*
Nelson González Leal es columnista
del semanario político El Clarín
(Cumaná, Edo. Sucre) y corresponsal
en el Estado Zulia de un semanario
de sucesos capitalino. Fue director
y editor de la revista electrónica
de periodismo, arte y literatura El
Asombro Inútil. Se ha desempeñado,
además, como subdirector de
Literatura del Consejo Nacional de
la Cultura de Venezuela; coordinador
general de la Fundación de
Estudios Políticos "Luis
Gómez"; jefe de prensa
de la Comandancia General del Ejército
de Venezuela, y asesor comunicacional
de la Inspectoría General de
la Fuerza Armada Nacional. Es colaborador
de Sala de Prensa.
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