La relación entre los medios de comunicación
y la sociedad se ha caracterizado por tener un
sentido vertical y unidireccional, es decir que
en el proceso de comunicación los medios
son propiedad de una clase social dominante, la
cual establece, a partir de sus propios intereses
económicos, políticos o ideológicos,
los temas prioritarios de discusión pública.
Como consecuencia de ello la sociedad tiende a
discutir lo que los medios proponen, aún
si estos temas no se corresponden con los intereses
de las comunidades.
Es
así como la sociedad hasta el momento
ha asumido un rol pasivo, sin mecanismos para
participar en la toma de decisiones sobre la
orientación que deben tener los contenidos
comunicacionales. Ante esta situación
la actual Constitución representa un
marco jurídico que legaliza una nueva
estructura de poder, en donde el poder gubernamental
y el popular se unen en un modelo horizontal
de democracia participativa, protagónica
y plural, bajo el principio de corresponsabilidad.
De este modo se promueve la inclusión
de los sectores populares en la gestión
de los asuntos públicos.
Artículos
como el 62 de la Carta Magna representan una
plataforma ideológica que les permite
a las comunidades reconocerse como actores y
no espectadores en la construcción de
su propia realidad, de tal manera que éstas
asumen que tienen el poder de intervenir en
la gestión pública.
Ahora
bien, para que esta participación sea
más efectiva debe hacerse de manera organizada
y consciente, es por ello que en el caso concreto
de los medios de comunicación, se estimula
a través de la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión, la organización
de los usuarios y usuarias de los servicios
de radio y televisión para defender sus
derechos comunicacionales y de esta manera lograr
la democratización de los mismos.
Entendiendo
la importancia de la radio y la televisión
en la formación de individuos, su impacto
en materia social, cultural, educativa y política,
y comprendiendo que estos servicios son parte
fundamental de una sociedad democrática,
la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión busca regular el ejercicio
de estos servicios garantizando el equilibrio
entre los Derechos Humanos, los deberes y los
intereses de todos los involucrados en el proceso
de comunicación.
La
Ley de Responsabilidad social en Radio y Televisión
se ajusta a los preceptos
establecidos en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y
a los compromisos y obligaciones asumidos en
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
En el espíritu de esta Ley se observa
el apego a los siguientes principios:
•
Protección de la Honra y de la Dignidad.
• Libertad de Pensamiento y de Expresión.
• Derecho de Rectificación o Respuesta.
• Derechos del Niño, Niña
y Adolescente.
Que
se pueden encontrar en:
•
Pacto de San José,
artículos 11, 13, 14 y 19.
• Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
artículos del 17 al 24.
• Convención
sobre los Derechos del Niño,
artículos 3, 4, 13,16 y 17.
Esta
Ley busca garantizar los derechos fundamentales
de libre expresión, información
y comunicación libre y plural estableciendo
la corresponsabilidad de los actores sociales
que participan en el proceso de comunicación,
como son: los prestadores de servicios de radio
y televisión, los anunciantes, los usuarios
y usuarias. Su creación estuvo orientada
por los siguientes principios:
•
Democratización de la información,
comunicación, educación y cultura.
• Responsabilidad Social.
• Participación ciudadana.
• Protección de niños niñas
y adolescentes.
• Fomento de la Industria Audiovisual
Nacional.
• Complementar la actualización
del marco legal de Telecomunicaciones.
Uno
de los criterios específicos que guió
la elaboración de la Ley fue el fortalecimiento
de la participación ciudadana, apegándose
a lo consagrado en la Constitución (artículo
62). La Ley contempla el derecho político
de todos los ciudadanos y ciudadanas de participar
libremente en los asuntos públicos, lo
que permite afianzar las bases de la democracia
participativa a través de diversas formas
de participación de nuevos actores sociales
como las organizaciones de usuarios y usuarias
de los servicios de telecomunicaciones.
